AMLO revertirá decretos privatizadores del agua
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Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de México anunció que revertirá los 10 decretos que ponían en el mercado 300 cuencas de las 756 del país y que abarcan 20 entidades federativas.
Y es que precisamente en la recta final de la administración de Peña Nieto, las privatizaciones estuvieron al orden del dia y generaron una serie de conflictos relacionados con el agua, desde la privatización, los megaproyectos, el fracking entre otros.
En aquella ocasión los ambientalistas señalaron que queda pendiente en el país la ley centrada en el derecho humano al agua, la cual “sentaría las bases” para la participación de la ciudadanía junto con los tres niveles de gobierno para la consecución del “acceso y uso equitativo y sustentable” del agua.
Cabe recordar que el paquete de decretos, se establecía una cantidad de agua para reserva (35%) y el resto entraría a la hipótesis de la privatización.
Los decretos abarcan las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).
Estos decretos se suman a los emitidos en los ríos San Pedro Mezquital(2014), Fuerte (2016) y Coatzacoalcos (2018), que son cerca de 300 cuencas de las 756 del país, en 20 estados y representan la protección del 55% del volumen de agua superficial a nivel nacional.
El cuestionamiento de los ambientalistas se centra en el hecho de que los 10 decretos que levantaban las vedas al uso del agua no fueron consultados con los pueblos indígenas.
Dichos decretos formaron parte de las privatizaciones de los servicios de aguas en el país.
Desconoce el derecho humano al agua.
Se desconocían derechos de sectores productivos al promover concensiones “al primero que se presentara”
Otra problemática son las 50 mil concesiones “caducadas” en el país–principalmente de ejidos, comunidades y pueblos, que no se imaginaban que sus derechos al agua tendrían que renovarse.
(La Ley de Aguas Nacionales los exigió registrar sus derechos al agua, reconocidos a través de sus dotaciones ejidales por decreto presidencial, en la forma de concesiones–6000 m3/año por cada hectárea, un proceso que duró toda la década de los 90–otorgando concesiones que caducaban en 10-20 años).
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